13.3.07


CÁMARA DE EMPRESARIOS PRO COSTA RICA ADVERSA TLC Y PIDE UNA NUEVA AGENDA NACIONAL

Creyendo y practicando el Comercio Internacional, la Cámara de Empresarios Pro-Costa Rica, se opone, sin embargo, al texto del actual Tratado de Libre Comercio porque el mismo va más allá del comercio y viene a modificar aspectos medulares del sistema; es exageradamente agresivo en materia de propiedad intelectual, prácticamente deroga derechos laborales y puede privatizar hasta los más estratégicos servicios públicos.
Habiéndose demostrado que muchas de las amenazas que contenía el Tratado no eran ciertas, debe abrirse de inmediato un diálogo nacional para la puesta en marcha de una agenda nacional o gran acuerdo que consolide la forma costarricense de vida, adaptada a los tiempos vigentes de comercio mundial.
La Cámara de Empresarios Pro-Costa Rica rechaza aceptar el texto actual del TLC porque afecta severamente a los empresarios nacionales al ofrecer "Trato Nacional" a los inversionistas extranjeros y beneficios superiores a los que gozan los empresarios nacionales, al permitirles incluso extraterritorialidad y presentar demandas fuera de la Corte Suprema de Justicia, mientras al empresario nacional se le condena a la supuesta inseguridad jurídica local.
EL TLC impone a la empresa costarricense un modelo económico del cual no podríamos salir y restringe la libertad con la cual Costa Rica ha tenido, en los últimos veinte años, un enorme éxito en el comercio internacional. Producto de esa experiencia exitosa, se ha desarrollado un empresario que ha demostrado su valía gracias a su esfuerzo, ingenio y capacidad de acción.
El Gobierno de la República debe tomar en cuenta a este sector e ir hacia su consolidación como marca país, dentro del gran acuerdo nacional que se necesita hoy más que nunca.
La Cámara de Empresarios Pro-Costa Rica pone en conocimiento público esta oposición al actual TLC en forma democrática pero firme, y llama a la Administración para que preste oídos a las miles de voces que reclaman otras fórmulas, y retire el proyecto de la Asamblea Legislativa.

*Firmas responsables: Juan Francisco Montealegre, presidente
y Román Macaya, vicepresidente

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