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Exdiputado
Después de recibir la notificación de la “Gestión de Adición y Aclaración” en que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechaza lo que había autorizado en la sentencia No.790-E-2007 del día 12 de abril del 2007 de permitir “la solicitud de recolección de firmas como trámite preliminar para convocar un referéndum que apruebe o impruebe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América”, recordé mi época de jugador futbol, tanto con el Deportivo Saprissa como con el Club Sport Cartaginés. Por eso estoy acostumbrado a que el equipo pierda o gane según así establece el fallo del árbitro, en el cual ambos equipos depositamos nuestra credibilidad y confianza absoluta, a cambio de la imparcialidad y neutralidad.
Dicha cultura de aceptar los fallos de los señores árbitros de futbol permeó mi confianza total y absoluta en los fallos dados por el árbitro. Posteriormente, como estudiante de Derecho, magistrado suplente y abogado litigante, aprendí también a respetar la ley, los jueces y sus sentencias, haciendo propia aquella máxima latina “Res judicata pro veritate habetur ” (La cosa juzgada es tenida por verdad).
De la gloria al dolor. De ahí mi alegría cuando, al recibir el fallo del TSE el 12 de abril del 2007, manifesté que era un día de gloria para la democracia participativa de Costa Rica, al haber dictado la resolución el TSE, que autorizaba a un grupo de ciudadanos la recolección de firmas para convocar a un referéndum, para que el soberano (pueblo) de forma directa apruebe o impruebe el TLC con EE. UU.
Lastimosamente, esta alegría se transformó en consternación, tristeza y dolor, cuando los magistrados del TSE, dejando de lado los principios constitucionales, legales y los principios generales del Derecho, como ejemplo la de lareformatio in pejus, volvieron sobre sus pasos.
Como manifestara el exjuez penal emérito de San José don Carlos Araya cuando analizó la contradicción y exabrupto de los magistrados del TSE, “era como si yo hubiese dictado una resolución de ‘excarcelación’ de un supuesto imputado y posteriormente mediante la ‘adición y aclaración’ o recurso similar, indicara que lo que quise decir en el POR TANTO, era ‘enviarlo a la celda de máxima seguridad carcelaria del sistema penitenciario, por ser un peligro para la ciudadanía’”.
¿Será acaso que los señores magistrados del TSE fueron alertados o asustados por el poder económico y político, de lo que significa devolverle al “soberano” el “pueblo” su poder, para que sin intermediarios de ningún tipo decidiera, en este caso, la suerte del TLC con EE. UU., y minando el poder “absoluto”? Por ello, hago propio y del pueblo costarricense el aforismo Latino “Salus referendum populi suprema lex est ” (“Que el saludo del referéndum del pueblo sea la suprema ley”).
¿Tribunal complaciente? En las democracias, el único soberano es el pueblo. Es el dueño del poder, que lo delega por medio del sufragio en la Asamblea Legislativa (artículo 105 de la Constitución). Además señala, que los funcionarios públicos son simples depositarios del poder (artículo 11), y también señala que la democracia costarricense es participativa (artículo 9) y que puede promulgar leyes (artículo 105).
Por antonomasia, el referéndum es el referéndum ciudadano, el que convoca el 5% de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, que en nuestro caso es un poco más de 132.000 ciudadanos que actúan por sí, no por delegación. Todo esto y más lo ignoró el TSE. Cuando se le preguntó a don Óscar Arias, a su ministro don Rodrigo Arias, cuál era su reacción con el fallo del Tribunal que revocaba la autorización para referéndum ciudadano y autorizaba el referéndum ejecutivo, dijeron que estaban muy complacidos; agrego yo: ¿cómo no van a estar complacidos con un tribunal complaciente?
¡Bienvenido, referéndum; el pueblo de Costa Rica, aunque bajo protesta, te saluda y te acoge con alegría, a pesar de “un pitazo parcializado” dado en tu contra por el TSE!
Incluso desde su posición editorial, La Nación nos advierte acerca de la importancia de que ciertas instituciones sepan ser ejemplo de comedimiento y circunspección en todo aquello que tenga que ver con TLC y referéndum. Y en primer lugar aquellas que, por su especial posición, tienen mayor incidencia en la educación ciudadana. Fácilmente se colige que esto incluye a la Iglesia católica, así como a las universidades públicas.
Universidad que se pronuncia, nos ilumina el editorialista, deviene foro de "pensamiento único" e irrespeto. Universidad equidistante de todo compromiso explícito es, todo lo contrario, ejemplo de moderación y crisol de virtudes cívicas.
Ya en su ocasión el turno les había tocado a los sacerdotes católicos de las diócesis de Alajuela y Tilarán cuando tuvieron la osadía de expresar sus interpelaciones éticas al TLC. En la cúspide de todo posible cuestionamiento, el señor Rodríguez, el de tres veces por semana, fue quien le puso el cascabel al gato frente a tal destemplanza pastoral: ¿Se habrán siquiera leído estos curas el TLC?, preguntaba alarmado el cultísimo señor. Pregunta relevante por partida doble, teniendo en cuenta que el propio señor Rodríguez ratifica, cada vez que se refiere al tema, no saber ni jota del TLC. Esto podría deberse a que nunca lo leyó o a que, habiéndolo leído, nunca entendió nada. Recordando su autobombo como voraz lector, habría que suponer que sí lo leyó. En cuyo caso, queda en pie la segunda hipótesis propuesta, la cual cobra visos de mayor certitud tan solo con que recordemos el estilo usual de las columnas de tan distinguido personaje. Ahí no es posible reconocer –ni siquiera si usted la busca con microscopio– una sola idea de medio respeto. Claro, son abundantes las descalificaciones ofensivas, las tergiversaciones y las mentiras. Pero, como sabemos, esa es porquería de otro costal. Que la inteligencia, rectamente entendida, es muy otra cosa.
Pero volvamos a la cosa de la neutralidad, tan amorosamente recomendada por La Nación a instituciones como las religiosas y las universitarias. Sentado tan loable principio, una primera pregunta cae estrepitosa sobre la cabecita del editorialista nacionil: ¿Pero no sería válida la misma recomendación para los medios de comunicación, en especial aquellos de mayor poder económico? Tengamos en cuenta que estos son vías privilegiadas por donde circula la información y poderosos centros de formación de opinión y difusión de ideología. Tanto como la Iglesia Católica y mucho más que las universidades. Por lo tanto, ¿No deberían los medios informar con cuidadoso equilibrio y abrir espacios equitativos para que se expresen todos los puntos de vista? La salsa recomendada para prelados, curas y rectores universitarios parece absolutamente válida para diarios y telenoticieros.
Pero no. Un ejemplo reciente lo ilustra con especial patetismo. El jueves 10 de mayo La Nación publica un artículo de la Viceministro de Comercio Exterior, Amparo Pacheco. Es la respuesta a un escrito previo del Monseñor Trejos del pueblo, el cual, desde una pespectiva ética, cuestionaba la ideología anti-vida del TLC. El escrito del obispo circuló en Internet y de mano en mano por parte de muchas personas que lo reprodujeron por su propia cuenta. Pero jamás apareció en La Nación adonde oportunamente fue enviado. No obstante lo anterior, en cambio si publica la réplica de la señora Pacheco. Nada novedoso. Lo mismo han hecho muchas veces. Solo que esta vez se metieron con un personaje de inmensa autoridad moral.
¿Neutralidad, equilibrio informativo? Si tan solo fuera tomar posición –como con pleno derecho y sobradísimos argumentos lo han hecho tres consejos universitarios– la cosa no sería tan preocupante. Pero esto es otra cosa: aquí hay manipulación descarada e irrespeto abierto al derecho de los costarricenses de recibir información veraz. O sea, y en breve, privatización de la libertad de expresión y pensamiento y, en consecuencia, afrenta y corrupción sobre los más elementales derechos ciudadanos.
Pero esto ilustra adicionalmente la falacia que se esconde detrás de posiciones que se pretenden neutrales. Intento explicarlo por referencia al principio de la discriminación positiva, conforme al cual resulta fundamentalmente injusto tratar igual a quienes son desiguales. A ello responden las legislaciones en materia de género, las cuales reconocen la situación social desventajosa en que se encuentran las mujeres. También quienes sufren algún tipo de discapacidad física. Afrentada, olvidada y disminuida por el neoliberalismo y los tratados comerciales, a la misma idea responde la legislación laboral, en virtud de la posición asimétrica de quien trabaja respecto del patrono.
En el debate alrededor del TLC, y sobre todo con vistas al próximo referéndum, esto cobra especial relevancia. Las posiciones en pugna no movilizan volúmenes comparables de recursos ni disponen de plataformas de difusión similares. La del sí se sustenta en muchos millones de dólares, cuya existencia es tan real como dispendiosa la publicidad en que se materializa y gasta. Además, cuenta a su favor con la abierta complicidad de todas las corporaciones mediáticas más poderosas, con La Nación a la cabeza. Los del no trabajamos con las uñas, con base en la organización ciudadana autónoma, el desprendimiento de la gente, el voluntariado, el trabajo de hormiga. No solo tenemos vedado el acceso a los medios poderosos, sino que enfrentamos la manipulación alevosa que éstos realizan en nuestra contra.
En un contexto de asimetrías tan violentas, ¿qué papel juegan las posiciones neutrales? El mismo que las escaleras para una persona sin piernas o las reglas únicas de participación para hombres y mujeres en contextos políticos de arraigado machismo. Legitiman las diferencias y consolidan las desigualdades. La "neutralidad" desconoce un imperativo ético fundamental: aquel que proclama que es fundamentalmente injusto permitir que el más fuerte atropelle sin limitación ni cortapisa al más débil.
La Nación lo sabe y por ello ahora es promotora de la "neutralidad". Pregúntele usted a la Conferencia Episcopal si va a seguir prestándose al juego.
Luis Paulino Vargas Solís | Mayo 12, 2007
Los países empobrecidos están en manos de algunas multinacionales. El avance de los tratados sobre comercio e inversiones amenaza con socavar la promesa de que el comercio y la globalización servirían como motores para reducir la pobreza.
El sigiloso avance de los tratados de comercio e inversiones entre países ricos y pobres amenaza con negar a los países en desarrollo una posición favorable en la economía mundial, según un informe de Oxfam Internacional titulado Nuestro futuro por la borda: cómo socavan el desarrollo los tratados de comercio e inversiones entre países ricos y pobres.
Unos 25 países en desarrollo han firmado ya tratados de libre comercio con países del Norte, y más de 100 están embarcados en negociaciones. Cada semana se firman una media de dos acuerdos bilaterales de inversiones. Nadie se quiere quedar fuera de este nuevo colonialismo empresarial. Las negociaciones comerciales en marcha están creando una maraña de convenios entremezclados que aumentan los costes del comercio porque cada uno tiene sus propias reglas.
Los llamados países ricos, cuyos abanderados son EEUU y la UE, utilizan estos tratados y acuerdos sobre inversiones para lograr concesiones que no pueden conseguir en la Organización Mundial del Comercio (OMC). EEUU llama a esto liberalización competitiva. Este concepto provoca el desmantelamiento de la gobernabilidad económica. Se trasfiere el poder de los gobiernos a las empresas multinacionales. Se priva de herramientas para conseguir el desarrollo de sus economías y alcanzar una posición favorable en el Mercado mundial a los países en los que se invierte. Con las tasas de crecimiento actuales, en el año 2050 las economías de China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México y Turquía serán en su conjunto mayores que las del actual G7.
Los tratados imponen una liberalización arancelaria que pone en peligro el medio de vida de los pequeños productores e impide a los gobiernos el uso de sus propias políticas arancelarias para promover la producción. Es una muestra del poder de las grandes empresas frente a las pequeñas tiendas de barrio.
Los países inversores imponen también reglas que reducen las posibilidades de acceso a medicamentos, aumentan los precios de las semillas para que los pequeños productores no puedan pagarlas y dificultan el acceso de las empresas a las nuevas tecnologías. Las reglas sobre inversión de estos tratados impiden exigir a las empresas extranjeras la transferencia de tecnología, la formación de trabajadores locales o la adquisición local de materias primas. Las inversiones extranjeras no establecen vínculos en el país, no generan empleo de calidad, no mejoran los salarios. En cambio, agravan las desigualdades. Así por ejemplo, el tratado de comercio propuesto entre EEUU y Colombia aumentaría el coste de las medicinas en 919 millones de dólares para el año 2020, cantidad suficiente para prestar atención sanitaria a 5,2 millones de personas en el sistema de salud pública. El informe indica que los tratados no abordan los efectos negativos que los subsidios en los países ricos tienen
sobre los llamados países pobres al generar prácticas desleales de dumping.
Los países industrializados han impulsado acuerdos bilaterales comerciales y sobre inversiones. En las dos últimas décadas, los sistemas de producción se han globalizado, las compañías más grandes del mundo tienen filiales, como media, en 40 países distintos, y alrededor del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial se genera dentro de los sistemas mundiales de producción de las empresas transnacionales. EEUU, la UE y Japón están utilizando los tratados comerciales y sobre inversiones para ampliar la influencia de sus empresas líderes y reducir la capacidad de los países en desarrollo para lograr una posición favorable en la economía mundial.
Los objetivos principales de un tratado de libre comercio son: eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional, fomentar la cooperación entre países amigos y ofrecer una solución a controversias. El comercio y las inversiones son necesarios para el desarrollo. Pero en condiciones de igualdad y libertad.
Obispo Emérito de San Isidro de El General
Gran servicio le ha hecho a nuestra causa, la señora Vice-Ministra Amparo Pacheco al comentar mis letras, que no fueron publicadas en el periódico La Nación, pues así podré explicar a los amables lectores de este periódico las razones que me motivan para abandonar una neutralidad estéril, en este debate tan crucial, que tenemos los costarricenses sobre el rechazo o aprobación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no puedo ser neutral, doña Amparo? En su artículo, usted misma me responde a esta pregunta. Veamos por qué.
¿Interpretaciones erróneas? No más de entrada, me descalifica usted al aducir que "Los acuerdos comerciales que se negocian entre los países tienen un lenguaje muy técnico". Será por eso mis "interpretaciones erróneas" Me descalifica a mí y a todos los costarricenses, soberanos, que debemos tomar una decisión sobre este tratado y que no somos "técnicos". La verdad, yo no tengo ninguna razón para serlo. Su criterio es el mismo del señor Presidente de la República cuando afirmaba a los medios de comunicación que era mejor que el costarricense lea novelas, y que deje esos textos aburridos a los expertos. Serían únicamente ustedes los que leerían el texto y nos dirán después qué hacer con nuestro voto. Y cual ovejas que vamos al matadero, haremos únicamente lo que los "técnicos" nos digan que hagamos. No, doña Amparo. Nuestro pueblo es un pueblo educado. Es un pueblo maduro, capaz de leer y capaz de entender, como leyó y entendió las leyes del "Combo del ICE" cuando las tuvo en sus manos. De ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros, los costarricenses, de informarnos de primera mano, y no sólo escuchar la publicidad elaborada por los "técnicos" en comercio o en publicidad. Usted dirá, técnicos en qué. Primera razón, por la cual no puedo ser neutral. La Patria me exige un esfuerzo de informarme e informar a otros.
Sobre el "escándalo" Dice usted que he salido a los medios de prensa "escandalizado" por una frase que contiene el Tratado. Ese texto es el siguiente "Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte medidas que sean necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal, siempre y cuando dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan una restricción al comercio entre las Partes" (Art. 9.14 del TLC). Agrega que en la trascripción faltó una frase del texto: "Siempre y cuando dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre las Partes" y finalmente nos da su interpretación de ese artículo: "Es decir, que los países podrán tomar las medidas adecuadas para proteger sus objetivos legítimos siempre y cuando no lo hagan de manera discriminatoria o injustificada." Con esta frase, señora Vice-Ministra, nos quería decir que entendimos mal la cosa, pero en realidad nos está dando la razón. Estamos diciendo los mismo. En lo que sí diferimos es en los alcances éticos de este artículo. Usted lo relativiza. No hay que alarmarse. No hay por qué escandalizarse. Pero en este momento no estamos para relativizaciones. Hay que ser muy claros y hablar con la verdad: ninguna medida debe ser considerada discriminatoria o injustificada cuando se protegen objetivos legítimos en materia de protección de la salud, la vida humana, animal o vegetal. Si son objetivos legítimos no hay ni discriminación. La dignidad de la vida humana, el destino universal de los bienes, la búsqueda del bien común antes que el particular, la solidaridad, la subsidiaridad, son valores supremos a cualquier otro valor. Además, son legítimos por ellos mismos, no requieren de legitimación. No admiten dudas y mucho menos, interpretaciones. Y por supuesto, nunca deben estar sujetos a consideraciones de tipo comercial. Cuando Costa Rica decidió sabiamente, comprar medicinas genéricas para la Caja, decisión que ha significado un inmenso bien para la colectividad costarricense, tuvo que tomar "medidas discriminatorias" hacia algunas empresas transnacionales farmacéuticas. Cuando Costa Rica decidió no tener ejército o trasegar armas, y destinar ese presupuesto a la búsqueda del bien común de la sociedad costarricense, debió tomar medidas "discriminatorias" hacia las empresas de armamentos. Costa Rica rechazó la explotación petrolera para proteger el ambiente y a las comunidades indígenas de Talamanca, esas fueron medidas "discriminatorias" hacia ciertas empresas petroleras. También tomamos medidas "discriminatorias" hacia ciertas empresas cuando decidimos con toda valentía, coraje y garra, que podíamos hacernos cargo de los seguros, de la electrificación y de las telecomunicaciones en Costa Rica. Y lo hemos hecho más que bien, repartiendo esa riqueza entre todos los costarricenses, seguros como estamos, de nuestra capacidad técnica y humana. (Un ejemplo de ello es el Proyecto Cariblanco recién inaugurado, seis meses antes de lo previsto, hasta con participación de la empresa privada y a pesar de que más de un gobernante ha querido estrangular esa querida institución llamada ICE). A Dios gracias, como nación nunca hemos tenido dificultad, al escoger el bien común por encima de los intereses particulares. Nunca nos ha importado que ante el mundo parezcamos locos. ¿Quién definirá, a partir de la ratificación del TLC, qué es lo "necesario" para nuestro pueblo? ¿Serán los tribunales arbitrales internacionales, especializados en comercio que reconocerán únicamente el tratado y no nuestras leyes soberanas? ¿Qué les importa a estos tribunales que para nosotros es vital no tener ejército, proteger a las comunidades indígenas, sus territorios y su cultura, proteger a nuestros agricultores, sus semillas y sus cosechas, no producir armas, proteger el ambiente, la flora y la fauna, comprar o producir medicinas genéricas a un mejor precio y con calidad comprobada, distribuir las riqueza que produce el ICE y el INS, entre todos los costarricenses? ¿Cómo explicar la esencia misma del "ser costarricense" ante tribunales comerciales? Ese artículo, que se repite en muchos otros capítulos del TLC, ratifica mis temores: serán las empresas transnacionales las que definirán nuestro futuro… y en Tribunales externos a mi país. Nuestras leyes y nuestro régimen judicial no tendrán nada más que decir. Pero además, en este artículo queda confirmado que no será el comerciante el que deberá demostrar que su actividad económica no afecta la vida humana, animal o vegetal, como tradicionalmente lo hemos hecho en Costa Rica, y en buena lógica así debe ser. Ahora los naciones deberemos demostrar que nuestras políticas, económicas, sociales y ambientales que protegen la vida, no afectan el comercio. El descargo de la prueba se ha invertido. La ética nos dice que cuando un valor, de rango inferior, o peor aún, un anti-valor, toma supremacía sobre un valor supremo, estamos frente a una perversión. Si aprobamos este TLC habremos pervertido nuestra escala de valores, que ha hecho de Costa Rica un ejemplo para el mundo. El comercio estará por encima de los valores que protegen la vida, en todas sus dimensiones.
La generalización de un error El otro argumento que utiliza usted, para descalificar mis opiniones es que esa perversión de la que hablo y que muchos costarricenses estudiosos del tema, que merecen toda mi consideración y respeto, ya han denunciado hasta el cansancio; esa perversión de considerar el comercio como valor supremo, sobre la vida humana, animal y vegetal, ya existe en otros tratados firmados anteriormente por Costa Rica ¡Albricias! Tremendo consuelo me da, doña Amparo. La generalización de un error ético (o de cualquier otra especie) jamás debe ser un argumento para legitimarlo, menos aún cuando sabemos que la dimensión de los impactos de estos tratados no tiene ningún punto de comparación con el tratado que nos ocupa. Finalmente, debo señalar que la responsabilidad de la aprobación de esos tratados firmados en el pasado, fue de los técnicos y de los políticos de turno; no fue el pueblo el que decidió. Hoy día esa responsabilidad es mía, suya y de cada uno de los costarricenses. Otro motivo más por el cual no puedo ser neutral.
Por: Minor Arias Uva,
Premio Carmen Lyra
TLC Y CONSTITUCIÓN:
Admisión de la consulta de la Defensoría
Sala IV ante el mayor desafío desde su creación:
o se restablece la confianza en la división de poderes;
ó se sepulta de manera definitiva lo poco que queda de
credibilidad en la institucionalidad republicana vigente
1- La atinada decisión de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, de admitir para
su estudio la Consulta de Constitucionalidad del
TLC, presentada el 27 de abril anterior, por la
señora Defensora de los Habitantes de la
República, la Dra. Lisbeth Quesada Tristán,
constituye a ojos de la amplísima y diversa
coalición opositora a ese tratado, el mayor
desafío de toda la historia de la Sala IV, por la
trascendencia de su pronunciamiento.
2- Tal desafío está determinada por una de dos
posibilidades, completamente excluyentes la una
de la otra. Por un lado, la determinación de
inconstitucionalidades en el TLC, ayudaría a
restaurar la confianza en el sistema republicano
de división de poderes, seriamente lesionado en
los últimos tiempos por el asunto del TLC y otros
temas estratégicos de gran conflictividad social,
como la reelección presidencial.
3- Es tan grave el crecimiento de la percepción
ciudadana de la perversión del concepto de
división de poderes, que ya alcanzó al propio
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con su
cuestionado fallo a favor del "referéndum
express" que quieren los hermanos Arias Sánchez,
en este asunto del polémico "tratado comercial"
con Estados Unidos.
4- Si la sensación de "compadre hablado" que se
ha percibido en fallo del TSE que rechazó el
referéndum sobre el TLC bajo el principio de
Iniciativa Ciudadana, se repite en el caso de la
Consulta de Constitucionalidad de la Defensoría;
se habrá dinamitado irreparablemente lo poco que
queda de solidez en la confianza en la
institucionalidad republicana vigente. En
consecuencia, amplios sectores de la ciudadanía
verán, seguramente, en el Derecho a la
Desobediencia Civil, una respuesta a la
creciente asfixia a la democracia que representa
la estrategia política de "tiranía en la
democracia", la dictocracia, que ha venido
imponiendo el régimen de los hermanos Arias
Sánchez.
5- Por otro lado y el contrario, si la Sala IV
encuentra inconstitucionalidades en el TLC,
halladas ya por prestigiosos juristas de alto
calibre intelectual, de fuerte solidez académica
y de enorme prestigio en el foro nacional, libres
todos de la más mínima sospecha de simpatías con
los movimientos sindical y social opuestos al
TLC; se abrirá la senda para la construcción
nacional de un escenario de reencuentro de la
sociedad costarricense, en donde todas las
fuerzas sociales, cívicas y políticas de todas
las procedencias, procedamos a conformar y a
debatir sobre la necesaria agenda de desarrollo
que, basada en el bien común, devuelva a nuestro
querido país por la senda de la inclusión, la
equidad, la solidaridad, la movilidad social y la
paz que tanto valoramos.
6- Además, el Gobierno de la República podrá
demandar ante su homólogo estadounidense la
reapertura de un proceso negociador, ya no
solamente con carácter bilateral (Costa
Rica-Estados Unidos), sino que, con base en dos
elementos estratégicos. Por un lado, invocando
los principios del comercio justo entre naciones
de una sideral disparidad asimétrica en cuanto a
desarrollo económico y social.
7- Por otro, teniendo presente el nuevo escenario
político en el congreso estadounidense, donde la
mayoría democrática ha bloqueado otros tratados
en proceso de tramitación, precisamente por
contener verdaderos atentados a los derechos
humanos como los tiene el que le han querido
imponer a nuestro querido país.
8- El país queda en espera. Pero las fuerzas
sociales, cívicas y políticas opuestas al nefasto
TLC, no se detendrán ni un minuto, no solamente
en su proceso organizativo para la sepultura del
mismo en las urnas en el referéndum anunciado
para setiembre; sino para la nueva alternativa de
movilización ciudadana vía Referéndum de la
Calle, en pro de las históricas demandas de
saneamiento republicano de la institucionalidad
pervertida, por medio de la pérfida concepción de
"tiranía en la democracia"; la dictocracia,
demandas que incluyen la necesidad de una
igualdad de condiciones para la consulta
democrática de setiembre sobre el TLC.
San José, 12 de mayo de 2007.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
San José, Costa Rica, Casa Sindical "Lic. Mario Alberto Blanco Vado"
Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de
Niños, frente a Coopeservidores, R. L.
Teléfonos 257 82 33 - 257 99 24 - 257 99 32 - 257
99 51 - 257 99 59 - 257 83 43 - Fax 257 88 59
Apartado Postal 5152-1000 San José- Corre electrónico: i...@anep.or.cr
16 de marzo de 2007.
Solís amenaza con obstruir proyectos, aunque gane el “sí” en el referendo
En caso de que el Poder Ejecutivo no acoja la petición, el PAC amenaza con obstruir la discusión de los proyectos, aun si triunfa el “sí” en la consulta popular programada para el 23 de setiembre por el Tribunal Supremo de Elecciones.
“Acorde con la tesis que asumiría el Gobierno, si no congelara la agenda de implementación, asumiríamos también que el TLC es un proyecto independiente y, por lo tanto, partiríamos de que el resultado del referendo nos nos compromete en relación con esa agenda. Esto nos obligaría a utilizar todas las herramientas institucionales que nos permite el Reglamento legislativo para impedir que se cohoneste el engaño al pueblo. Esta acción, a favor de la democracia y de la integridad del referéndum, continuará aun en el desafortunado caso en que ganara el ‘sí’”, sostuvo el líder del PAC, Ottón Solís, en una misiva que envió al presidente Arias.
Según Solís, si se congela la agenda de implementación, y si el “sí” gana en el referendo, su partido “jamás” sería un obstáculo para que el país tenga lista la agenda paralela al Tratado de Libre Comercio (TLC).
“Aquí le expreso mi compromiso”, aseguró Solís en la carta.
El excandidato presidencial del PAC afirma que no “sería honesto y democrático” poner a decidir al pueblo sobre el TLC y, al mismo tiempo, mantener en trámite el acuerdo comercial y la agenda paralela en el Congreso.
La posición de Solís difiere de lo expresado el martes por Rafael Madrigal, jefe interino de la bancada del PAC.
Madrigal solicitó a los partidos congelar las leyes paralelas antes del referendo. A cambio, señaló que, si el “sí” triunfa en la consulta popular, votarían a favor de los proyectos paralelos.
Por el contrario, si gana el “no”, se garantizarían que la agenda paralela no se tramite en esta Asamblea Legislativa.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, afirmó, el miércoles, que el Poder Ejecutivo está anuente a negociar con el PAC la suspensión de la votación de las leyes paralelas al TLC hasta que se conozca el resultado del referendo.
Rodrigo Arias reiteró que no están dispuestos a renunciar a la agenda de implementación, sea cual sea el resultado del referendo.
Los 13 proyectos paralelos al acuerdo comercial se tramitan en el Congreso. Cinco de ellos se encuentran en el plenario y ocho en las comisiones a la espera de ser dictaminados.