31.10.07
29.10.07
EPOSICIÓN PLASTICA EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
El Colectivo de Artistas Costarricenses invita al público en general a la inauguración de la exposición “El jardín de las delicias” que se llevará a cabo el próximo Miércoles 31 de octubre a las 7 p.m. en la Galería Gráfica Génesis ubicada 250 al norte de las piscinas de Plaza Víquez, calle paralela a la línea del tren.
“El jardín de las delicias” es la I Etapa de un proyecto llamado “Los 3 jardines”. El mismo reúne la iniciativa de un grupo de mujeres artistas, habitantes en su mayoría del Valle Central, que proponen abrir un espacio al estudio y al cuestionamiento del concepto del poder y de sus estructuras en la sociedad en que vivimos, con el fin de proponer nuevos puntos de encuentro donde predominen el amor, el respeto, la solidaridad y la tolerancia.
“Los 3 jardines” consta de tres etapas, cada una de ellas será resuelta en obras tridimensionales, para ser expuestas, preferiblemente, en espacios públicos y/o en el marco de actividades festivas nacionales de manera itinerante. Su carácter es netamente artístico, o sea, sin fines de lucro. Paralelo a las exposiciones se realizarán conversatorios, actividades de reflexión u otras, en torno al tema tratado en cada etapa, con la coordinación de diversas instituciones, grupos y personas.
Comentario general sobre “El jardín de las delicias”
Pretendemos que nuestra propuesta artística apoye las iniciativas de cambio que muchos varones promueven con respecto a una nueva relación con su cuerpo.
Los varones crecen con la consigna de que a golpes se hacen los hombres, por ello se preparan para asumirse de esa manera. Usan el cuerpo como un acorazado dentro del que guardan y sepultan sentimientos y dolores. Su relación con el cuerpo es de esfuerzo, de maltrato, de aguante, de dolor, no de placer, por lo que, cuando el cuerpo les habla, en muchos casos, no lo escuchan.
Creemos que los varones, además de poseer y cuidar todas esas hermosas, importantes y valiosas características físicas, pueden desenterrar la inmensa gama de áreas ricas en sensibilidad (que por cierto, muchas mujeres añoramos) y que, por las limitaciones de la estructura social, familiar, religiosa (entre otras) del medio en que vivimos, se mantienen reprimidas, desconocidas o ignoradas. En la medida en que liberen sus cuerpos, liberarán también sus conciencias, pues es desde el cuerpo donde aprendemos a sentir, a recibir, a estar y dar.
El análisis de los nuevos conceptos de la masculinidad generada desde los mismos varones nos parece muy interesante. Esas iniciativas tendrán repercusiones muy importantes en la sociedad en que vivimos, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda de una convivencia pacífica con equidad, solidaridad, respeto y tolerancia entre los seres humanos.
Integrantes del Colectivo de Artistas Costarricenses:
Cristina Valerio
Patricia Sánchez
Lorena Villalobos
Lilli Beth Martínez
Olga Dorado
Renate Bale
Carmen Alvarado
Olga Coronado
Tere Agüero
Rosalía Ramírez
Xiomara Blanco
Nidia Montero
Raquel Villarreal
Ana Wien
Leda Astorga
Este proyecto es apoyado y patrocinado por HIVOS, Instituto Nacional de las Mujeres INAMU, Galería Gráfica Génesis, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Costarricense de la Masculinidad.
23.10.07
QUE INMENSA CAPACIDAD DE RESISTENCIA
Y
QUE ENORME ESPÍRITU MANIFIESTA EL PUEBLO
CUANDO LUCHA POR UNA CAUSA JUSTA.
CALUFA.
COSTA RICA EN RESISTENCIA CONTINUA
LA RESISTENCIA ES UNA CONDUCTA MORAL
UNA FILOSOFÍA DE VIDA
NO ME COMPRAN NI ME VENDO
RESISTENCIA:
ECOLOGÍSMO PROFUNDO
BOICOT ECONÓMICO
DESOBEDIENCIA CIVIL
A LAS CALLES
OBSERVANDO
DENUNCIANDO
NO A LA COSTA GRINGA
NO A ESTE GOBIERNO ENTREGUISTA
NO A LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
VAMOS A RECUPERAR NUESTRO PAÍS
HIJOS DE LA REVELDÍA
AQUÍ NO SERÁ TIERRA DEL TLC
FUERA LA INGERENCIA GRINGA
NO MÁS MIEDO
VIENE LA FUERZA DEL PUEBLO.
¿Diálogo?
Por: Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación:22/10/2007
Pasado el referendo sobre el TLC, y en vista de las condiciones bajo las cuales tuvo lugar, ¿existen posibilidades realistas sobre cuya base reconstruir espacios mínimos de diálogo? Conviene recordar que el diálogo no es un objetivo que se justifique por sí mismo. No posee un valor intrínseco que lo convierta en regla de acatamiento obligatorio. Lo cierto es que, en general, dos personas no dialogan si de por medio no hay una mínima relación de respeto. Y, por lo general, dialogar conlleva negociar, cosa que, a su vez, comporta ceder algo a fin de obtener algo. Es decir, el diálogo tiene sentido si razonablemente ofrece la opción de satisfacer algunos objetivos mínimos aceptables. En la Costa Rica posreferendo ¿Existen esas elementales condiciones de respeto y esos espacios mínimos para la negociación? Claramente no.
El TLC: intrínsecamente polarizante
El TLC constituye un paquete extensivo de políticas públicas o, si lo usted lo prefiere, es una súper política pública. Responde a una ideología claramente reconocible y desatada un amplio conjunto de cambios económicos y sociales. Fue diseñado, además, como un mecanismo blindado: no se puede modificar absolutamente ninguno de sus contenidos. O sea, el TLC es la fórmula perfecta para anular toda opción de diálogo.
Por ello, y previo a su aprobación, la posibilidad de recomponer posibilidades de diálogo era algo que tenía sentido solamente al margen del TLC. Dentro de éste, y en relación con éste, ello simplemente era imposible. Usted lo tomaba o lo dejaba. Punto. Nada, absolutamente nada, estaba abierto al debate o la modificación. ¿De qué diálogo podría hablarse entonces si entre manos teníamos un inmensa artillería de políticas neoliberales, ninguna de las cuales admitía que se le modificara ni una coma?
La campaña del sí: irrespeto y agresión a escala macrosocial
La campaña del sí, previa al referendo del 7 de octubre, fue una inmensa operación de manipulación y engaño, diseñada según los criterios típicos de la dictadura neoliberal que viene rigiendo al país, pero de forma tal que se exacerbaron sus peores características. Este es un régimen de subyugación del pueblo, el cual, hábil y engañosamente, viste trajes de democracia. Su poder se ejerce por diversas vías, relativamente suaves: la toma y subordinación de los mecanismos institucionales del Estado (desde la Sala IV hasta el Tribunal de Elecciones); la estrecha coalición de los poderes locales -económicos, políticos y mediáticos- y su alianza subordinada con el gobierno de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales; el férreo control de la información y su manipulación inescrupulosa; la corrupción y compra de conciencias y, en general, la estrategia de estupidización colectiva, como mecanismo de adormecimiento de la conciencia popular.
Todas estas armas fueron exprimidas al límite de sus posibilidades con motivo del referendo. De hecho, la gigantesca operación de terror y chantaje a que se recurrió, trasgredió todos los límites conocidos. Pero su éxito, a fin de cuentas, resulta harto discutible. Está claro que una proporción sustancial de la población electora –un 70%- o se manifestó abiertamente por el No, o dudó lo suficiente como para preferir no votar. Y, en verdad, no votar, después de tan colosal campaña de intimidación, resultaba, en muchos casos, un acto de emancipación. O sea, la dictadura neoliberal tiene pies de barro, cosa que conlleva el riesgo de que se quiera recurrir a mecanismos duros que subsanen las insuficiencias de estos mecanismos suaves.
¿Qué implica todo esto respecto de la posibilidad de un diálogo nacional? Sin duda, una parte muy grande de la población costarricense, seguramente una amplia mayoría, se siente abiertamente irrespetada. Y, por cierto, ¿quién querría sentarse a conversar con un sujeto que de previo nos ha agredido con violencia y alevosía? Nadie, con un mínimo de salud mental, lo haría. Exactamente eso acontece en la Costa Rica actual.
Y de nuevo, ¿dialogar alrededor de un paquete blindado de políticas?
Impuesto el TLC de forma totalmente irregular, sus promotores repentinamente recuperan la memoria y recuerdan que aquí todo mundo es “hermanitico”. Que de haberlo recordado semanas atrás, habrían procurado ahorrarse tal cúmulo de patanerías y atropellos. Muy convenientes recuperar la memoria a fin de convocar a la aprobación urgente de las leyes de la llamada “agenda de implementación”.
Se entiende la prisa. Tiene que ver con el “proceso de certificación” que el gobierno de Estados Unidos impone, y mediante el cual éste se concede el privilegio de dictaminar si Costa Rica ha aprobado todas las leyes que “debía” y si, además, tales leyes satisfacen los requisitos que ellos exigen. Sabemos que el plazo expira en marzo, cosa que, sin duda, anticipa nuevas operaciones de terrorismo político y mediático. En todo caso, los “hermaniticos” del sí deberían releer el artículo 22.5 del TLC, acerca de la entrada en vigor de éste. Por ningún lado menciona procesos de certificación a cargo del gobierno estadounidense. De forma que ésta es una obligación externa al tratado, impuesta imperialmente por los gringuitos. Y si la cosa entonces les genera estrés, mal de estómago y salpullido, mejor que se lo reclamen a Bush, en vez de achacárselo a sus “hermaniticos” del No. No es nuestra culpa que, no obstante haber sido aprobado en referendo, en todo caso el TLC siga sin tener vigencia.
Pero es del caso que, de nuevo, nos invitan a “dialogar” en relación con leyes que, en la mayoría de los casos, comparten una de las características típicas del TLC: están blindadas. No se invita a negociar acerca del contenido de estas leyes. Se invita a aprobarlas o, como mínimo, a permitir que sean aprobadas por la vergonzosa coalición de los 38. Esto es reincidir en lo que ya sabemos: el irrespeto.
¿Aún podría haber diálogo?
Uno quiere que lo haya. La paz social de Costa Rica pende de ello. Y clarísimo que el TLC no merece una sola gota de sangre costarricense. Pero, en fin, ¿hay alguna posibilidad realista de que ese diálogo tenga lugar? Yo tan solo veo una coalición de poderes económicos, políticos y mediáticos, coaligados alrededor del TLC y sus leyes, y absolutamente inflexible respecto de cualquier opción que, ni siquiera marginalmente, matice los alcances devastadores de esa legislación. No parece que ninguna gota de sangre de nuestra gente pueda hacerlos vacilar en su dogmática telecista.
Si ya el irrespeto y la agresión de que hemos sido víctimas reducen gravemente cualquier disposición de diálogo, la arrogancia de llamarnos a un diálogo consistente en refrendar lo que ellos dicen que debe hacerse, simplemente podría ser la gota que derrame el vaso.
Cuando se empezó la negociación del TLC, quienes la promovieron y tuvieron a cargo tenían muy claro su objetivo: empujarnos a lo más profundo del barranco del neoliberalismo. Pero, por encima de todo, el TLC nos ha lanzado a un extremo de polarización como seguramente no vivíamos en muchos, muchísimos años. Y esto es, exclusivamente, responsabilidad de las oligarquías telecistas.
20.10.07
*Cuestionan resultados de Referéndum sobre CAFTA en Costa Rica *
Intervención del gobierno de los EEUU, corrupción y una campaña confinanciamiento internacional deja dudas sobre todo el proceso.
Washington, DC — Ayer, Jueves 18 de Octubre a las 12:30pm, Observadores
Internacionales al recién Referéndum sobre el DR-CAFTA en Costa Rica y otros
cuídanos preocupados tuvieron una conferencia de prensa y presentaron una
carta al Secretario General del OEA, insistiendo que la OEA intervenga para
prorrogar la certificación del Referéndum sobre DR-CAFTA.
Se hicieron un Referéndum Nacional en Costa Rica el domingo 7 de octubre
2007, para decidir si el CAFTA se implementa allí. Representantes de varios
grupos del EEUU, incluyendo de la Coalición Alianza de Comercio Responsable,
la Coalición Stop-CAFTA, quienes representen grupos religiosos, de
solidaridad, sindicatos y organizaciones estudiantiles estuvieron presentes
en Costa Rica como Observadores Internacionales para el Referéndum. Todo el
proceso del Referéndum fue marcado por violaciones groseras, cometidos por
agentes del gobierno de los EEUU, de corporaciones transnacionales, y los
medios y oficiales del gobierno en Costa Rica.
Algunos de los más flagrantes de esas violaciones, ocurrieron en el periodo
48 horas antes del Referéndum, durante el tiempo cuando la ley estipula que
hay que mantener un silencio completo sobre el asunto. A pesar de múltiples
violaciones y quejas puestas por líderes de la campaña 'NO', el Tribunal
Suprema de Elecciones (TSE) negó de actuar para parar las violaciones
múltiples. Eso se pone en duda la competencia del TSE, y levanta cuestiones
serias sobre la imparcialidad del TSE.
Entre otras violaciones durante el periodo de las 48 horas de silencio, hubo
programación de 'noticias' casi sin parar, todo enfocado en amenazas de los
horrores que esperaba a Costa Rica si acaso derrotara al Referéndum. De
ultima hora, la mera Casa Blanca saco un anuncio diciendo que no habrá
posibilidad de renegociar el tratado si acaso fuera derrocado- algo una
administración saliente no tiene fundamentos para decir. Eso solo fue uno
de los múltiples mentiras que voceros de la Administración de los EEUU
sacaron en el transcurso de la campaña, con el único intención de chantajear
y dar miedo a la populación Costarricense.
Como delegación de Observadores Internacionales, concluimos que, dado al
nivel de chantaje y actividades ilegales durante toda la campaña, debemos de
cuestionar la legitimidad del proceso del Referéndum.
Ayer el 18 de Octubre, entregamos al Secretario General del OEA una carta
firmada por más de 30 organizaciones y 150 individuales pidiendo que se
prorrogue el proceso de certificación del Referéndum hasta que haya más
tiempo para investigar y evaluar las múltiples irregularidades. Una copia
de la misma carta fue publicada en el periódico 'Diario Extra' de Costa Rica
el día de hoy. Exigimos que los resultados del Referéndum no sean
certificados. Hay esclarecer todos los irregularidades primero.
14.10.07
Artículo sobre la Upov que hay que leer
La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa que conoce del proyecto de "Ley de Obtenciones Vegetales" (expediente 16.327), aprobó un "texto sustitutivo" para este proyecto, cuya aprobación es uno de los requisitos exigidos para la entrada en vigencia del TLC.Dentro de las principales modificaciones que introduce, se encuentra la adición de un Capítulo VI (artículos 31 a 54) titulado "Observancia del Derecho de Obtentor", que no formaba parte de la iniciativa original.
Si alguna virtud tiene el nuevo capítulo es que finalmente permite visualizar con claridad las devastadoras consecuencias que la aprobación de este proyecto y del Convenio UPOV-91 tendrá para los agricultores nacionales. Por primera vez, el Gobierno expone en todas sus dimensiones los poderosos instrumentos que se pretende otorgar a las empresas trasnacionales para perseguir a los productores locales y obligarlos a pagar por el uso de las semillas de su cosecha.
Diversas organizaciones sociales e instituciones como las universidades públicas y la Defensoría de los Habitantes han denunciado que UPOV-91 lesiona los derechos de los agricultores. Sin embargo, es difícil explicar en abstracto la magnitud de tal lesión, lo mucho que está en juego.
En este sentido, el nuevo Capítulo VI de la Ley de Obtenciones Vegetales desnuda los efectos perversos que dicha Ley tendrá para los productores nacionales, las comunidades campesinas y el país en general. Pone en "blanco y negro" los brutales mecanismos a través de los cuales se concretarán tales efectos.
1.- Sobreprotección para la parte más fuerte. Las medidas contenidas en el Capítulo VI del proyecto otorgan a las empresas trasnacionales titulares de derechos de propiedad intelectual sobre plantas, una serie de derechos y poderes que en la legislación nacional no existen cuando se trata de la defensa de los derechos de sectores más vulnerables de la sociedad.
Estas empresas cuentan con cuantiosos recursos económicos y tienen a su servicio a las principales firmas de abogados del país. A pesar de ello, el proyecto pretende otorgarles una serie de facilidades y beneficios para hacer valer sus intereses económicos, que, ni por asomo, existen cuando está juego la defensa de los derechos de otros grupos como los pequeños agricultores nacionales.
A estos últimos no se les otorgan las prerrogativas incluidas en el proyecto cuando sus derechos son irrespetados. Por ejemplo, cuando una empresa comercializadora de productos agropecuarios incumple el compromiso adquirido de comprarles su producción o no honra el pago del precio ofrecido a los productores.
En tales casos, los agricultores afectados deben acudir a los tribunales de justicia a través de los procedimientos previstos en la legislación ordinaria. No cuentan con procedimientos especiales para exigir la imposición de medidas cautelares en vía administrativa, como sí contempla este proyecto para las empresas titulares de derechos de obtentor.
2.- Sobre las medidas cautelares. Fuertes restricciones a los derechos de los agricultores sin que se demuestre su culpabilidad. El proyecto establece una serie de "medidas cautelares" que se pueden adoptar contra los "presuntos infractores" de derechos de propiedad intelectual sobre variedades de plantas. Se trata de restricciones que pueden afectar severamente los derechos de los agricultores nacionales al impedirles continuar con el cultivo y la comercialización de sus productos.
Su efecto puede ser tan pernicioso para los pequeños productores, que, la sola imposición de dichas medidas, equivaldría a condenarlos antes de que se demuestre su culpabilidad. Dentro de las medidas previstas expresamente (artículo 35) se encuentran:
A.El "cese inmediato" de los actos que constituyen la infracción. No se definen cuales son los actos que podrían ser afectados por esta medida. No obstante, si nos remitimos al artículo 17 del proyecto, constituirían infracciones al derecho de obtentor: la reproducción o multiplicación; la producción; la preparación para esos fines; la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización; la exportación o importación y; la posesión para cualesquiera de los actos anteriores, de "la semilla de la variedad protegida" o del "producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de la semilla de la variedad protegida". En todos los casos, cuando estos actos se realicen sin la "autorización" (previo pago de regalías) del titular del derecho.
Lo anterior quiere decir que la medida cautelar de "cese inmediato" puede implicar desde la paralización de actividades de siembra, asistencia y cosecha de productos agropecuarios, hasta la suspensión de las ventas en la feria del agricultor u otros mercados. Puede abarcar también todas las prácticas tradicionales relacionadas con la selección, intercambio y mejoramiento de semillas. Nótese, además, que pueden ser actos infractores la "posesión" de semillas, plantas y sus partes, así como los "actos preparatorios" para su producción y reproducción.
Es decir, por medio de esta medida puede obstruirse o paralizarse prácticamente cualquier acción relacionada con el proceso productivo y de comercialización de especies vegetales que se realice en el país, si no cuenta con el "visto bueno" de las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual.
B.El embargo de las variedades "falsificadas o ilegales". A los agricultores denunciados como "presuntos infractores" de derechos de obtentor se les puede privar de la posesión de sus productos agropecuarios, incluyendo aquellos producidos en su propia finca. Una vez más, esta medida no solo se refiere a las semillas y demás material de reproducción. También puede cubrir las plantas, los frutos o cualquier otra parte de la variedad afectada por derechos de propiedad intelectual.
De más está ahondar en los trastornos que su aplicación puede ocasionar a los productores nacionales, especialmente cuando involucra productos perecederos, como la gran mayoría de los que pueden ser objeto de embargo. De hecho, no se comprende como en tales casos se puede considerar que es más grave el daño al titular del derecho de obtentor que el que se le ocasionaría al productor.
C.Suspensión del despacho aduanero. Esta medida implica la paralización de la importación o la exportación de productos agropecuarios que sean denunciados como "ilegales o falsificados" (Ver punto 3)
D.Pago de caución, fianza u otra garantía. Consiste en obligar a las personas denunciadas como "presuntos infractores" a depositar una suma de dinero o dar bienes en garantía, como mecanismo para asegurar el pago de indemnizaciones al titular de derechos de obtentor, en caso de resultar condenados.
En nuestro medio muchos agricultores se encuentran sumamente endeudados y ni siquiera cuentan con bienes suficientes para dar en garantía a efectos de tener acceso al crédito. Sin duda la imposición de nuevas obligaciones por concepto de fianzas para las empresas semilleras puede terminar de llevarlos a la quiebra.
En ninguna parte se establece un plazo máximo de duración de estas medidas. Por lo tanto, podrían prolongarse durante el tiempo que tarden en resolverse los procesos judiciales que las empresas titulares de derechos de obtentor entablen contra las personas denunciadas. Si dichos procesos se alargan durante varios años, los agricultores nacionales podrían quedar obligados a soportar las medidas impuestas durante todo ese periodo.
El proyecto también contempla la posibilidad de que se apliquen medidas distintas a las enunciadas. De acuerdo con el artículo 35, tales medidas pueden adoptarse "entre otras", sin definir en qué consistirían esas otras medidas. Esta disposición produce gran inseguridad jurídica, ya que deja abierta la vía para que las autoridades "inventen" nuevas medidas y restricciones no previstas en la Ley.
A pesar de su gravedad, para la imposición de estas medidas no se requiere demostrar que el agricultor es responsable de haber cometido una infracción, en perjuicio de los derechos de los titulares de derechos de obtentor. De acuerdo con el proyecto, su adopción incluso puede darse "antes de iniciar un proceso" por la supuesta infracción de tales derechos o "durante su transcurso" (artículo 33)
Cuando así lo soliciten los titulares de derechos de obtentor, se establece que las autoridades nacionales "adoptarán" las medidas "adecuadas y suficientes" para evitarles lesiones graves y "de difícil reparación".
Tales medidas pueden ser ordenadas por los tribunales de justicia, pero también por autoridades administrativas de la Oficina Nacional de Semillas, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, funcionarios de un ministerio que inicialmente fue creado para apoyar a los productores agropecuarios nacionales, tendrán que convertirse en "policías" encargados de vigilar los derechos de propiedad intelectual de empresas trasnacionales. Los escasos recursos públicos asignados a esta dependencia, tendrán que destinarse a perseguir a los agricultores.
3.- ¿Promoviendo las exportaciones o acabando con ellas? A muchos agricultores costarricenses les han dicho que con el TLC van a tener mayores oportunidades de exportar sus productos. Pero la verdad es que la aprobación de este tratado y de las leyes de su agenda de implementación más bien podría introducir nuevas trabas y restricciones a las exportaciones de nuestros productores agropecuarios. Trabas adicionales, que NO existen en la actualidad.
Eso es lo que ocurre con el proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, que contempla la posibilidad de aplicar "medidas en frontera" sobre productos agropecuarios, cuando las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual consideren que esos productos "infringen su derecho" (artículo 40 y siguientes)
Las medidas en frontera no son otra cosa que la suspensión de exportaciones e importaciones por parte de las aduanas nacionales. Estas medidas también pueden ser ejecutadas sin que exista una sentencia previa que condene a los agricultores, como medidas cautelares (artículo 35, inciso c) y pueden ser ordenadas tanto por despachos judiciales como por autoridades administrativas de la Oficina Nacional de Semillas, a petición de los titulares de derechos de obtentor (artículo 41)
El proyecto ni siquiera establece que quienes solicitan este tipo de medidas deban aportar pruebas que demuestren que los productos agropecuarios afectados son "ilegales" o "infringen" algún derecho. Por el contrario, dispone que después de suspenderse el movimiento de los productos cuestionados, se autorizará al titular del derecho o su represente a que inspeccione dichos productos, a fin de que pueda "fundamentar sus reclamaciones" (artículo 43) Es decir, primero se suspenden las exportaciones y después se buscan las pruebas que justifiquen tal medida.
Hoy en día, sin la aprobación de este proyecto, ya son muchos los obstáculos que deben enfrentar los pequeños agricultores para exportar sus productos. Con las medidas contenidas en la Ley de Obtenciones Vegetales se les impondría una traba más. A través de "medidas en frontera" que pueden ser utilizadas por empresas estadounidenses como una exitosa barrera no arancelaria para las exportaciones agrícolas costarricenses.
Porque aquí debemos recordar que aunque este tipo de medidas pueden ser impuestas también a importaciones, la inmensa mayoría de las patentes y derechos de obtentor sobre variedades vegetales pertenecen a las corporaciones de los países desarrollados. De manera que, es mucho más probable que tales medidas sean utilizadas para restringir las exportaciones de nuestros productores.
De aprobarse esta ley, los agricultores que quieran exportar ya no solo tendrán que cumplir con las normas fitosanitarias y demás requisitos vigentes actualmente. Además, pueden ser obligados a demostrar que sus productos agropecuarios no contienen material genético ni son "esencialmente derivados" de variedades afectadas por derechos de propiedad intelectual. Una demostración que puede exigir pruebas costosas.
Esta nueva restricción no solo afectaría a las exportaciones de productos "frescos", sino que también abarcaría productos agroindustriales u otros derivados de aquellos, ya que UPOV-91 establece que los derechos de obtentor se extienden a productos y subproductos elaborados a partir de material de las variedades protegidas.
En países donde se han aprobado obligaciones similares, los pequeños agricultores ya están empezando a sufrir las consecuencias negativas. En Chile, por ejemplo, existe mucha preocupación por las restricciones que se pueden imponer a sus exportaciones hacia Estados Unidos. Esas restricciones están siendo promovidas por corporaciones estadounidenses que aprovechan los controles de trazabilidad de toda la cadena productiva y comercializadora (reforzados en 2001 mediante las leyes de Bioseguridad y Bioterrorismo) para rastrear el origen de los productos exportados y determinar si cumplen con el pago de regalías por derechos de obtentor. Obviamente, en estos casos, los pequeños productores nacionales llevan todas las de perder.
4.- Lo que es bueno para las trasnacionales no es bueno para las empresas locales. Las duras restricciones sobre la exportación de nuestros productores agropecuarios, contenidas en el proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, no se aplican en otros proyectos de la agenda de implementación del TLC cuando se trata de infracciones cometidas por empresas trasnacionales.
Por el contrario, el TLC prohíbe a Costa Rica aplicar medidas de efectos equivalentes cuando están en juego los intereses de empresas locales frente al incumplimiento contractual de empresas extranjeras. Así como suena.
La aprobación del proyecto de ley analizado (incluyendo las graves restricciones descritas sobre la exportación de productos agrícolas) es parte de las acciones que debe realizar nuestro país para cumplir con la obligación de aprobar el Convenio UPOV-91, impuesta en el Capítulo 15 del TLC.
Pero, al mismo tiempo, en el capítulo 11 del TLC se le impone a Costa Rica otra obligación: derogar los artículos 2 y 9 de la Ley de Representantes de Casas Extranjeras, Nº 6209, "a partir de la entrada en vigencia de este Tratado".
Esos artículos establecen un sistema de efectos similares al contenido en el artículo 40 del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, pero dirigido a la protección de empresas nacionales representantes de casas extranjeras. Según las normas que el Capítulo 11 del TLC exige derogar, se faculta al Ministerio de Hacienda a suspender las importaciones de empresas extranjeras, en caso de terminación abrupta del contrato con sus representantes locales, como un mecanismo para garantizarles a estos el pago efectivo de su derecho a una indemnización.
A pesar de que dicho mecanismo ha sido avalado en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional, el TLC establece que debe derogarse porque, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos: "dichas leyes se han empleado para prohibir la importación de productos estadounidenses cuando surge una controversia con un distribuidor local."1
Sin embargo, ese mismo razonamiento no opera cuando se trata de proteger los intereses económicos de las corporaciones titulares de derechos de propiedad intelectual. Ahí sí es legítimo imponer barreras al comercio. Cuando es para favorecer a las corporaciones semilleras, esas barreras pasan a llamarse "medidas cautelares".
Así las cosas, de acuerdo con este proyecto de ley se pueden prohibir las exportaciones de productores agropecuarios nacionales cuando los titulares de derechos de obtentor consideren que se afectan tales derechos. Pero, si una empresa extranjera incumple sus contratos con productores o empresas locales, no es posible aplicar medidas cautelares similares. El TLC no permite restringir sus importaciones, como forma de garantizar el pago de sus obligaciones.
Las mismas medidas que se pretenden establecer para dar protección a empresas trasnacionales que se apropian de las semillas de nuestros agricultores, campesinos e indígenas, son prohibidas por otros capítulos del TLC cuando se trata de defender a los productores nacionales frente a los abusos cometidos por esas mismas empresas.
5.- Sin derecho de defensa. En su línea de favorecer los intereses económicos de las empresas comercializadoras de semillas por encima de los derechos de los agricultores, el proyecto llega al extremo de admitir la imposición de medidas cautelares, sin previa audiencia a la parte afectada.
Los artículos 36 y 37 del proyecto contemplan la posibilidad de que medidas como las descritas en los apartados anteriores sean decretadas en vía administrativa y judicial sin que, al menos, se les conceda a los agricultores afectados la oportunidad de ser oídos y ofrecer sus pruebas de descargo. Es decir, sin poder ejercer su derecho de defensa.
Decomiso de productos agropecuarios, suspensión de actividades agrícolas o restricción de las exportaciones son medidas que podrían ordenarse sin que las personas afectadas ni siquiera hayan podido enterarse de la existencia de una acción en su contra y de los motivos en que se sustenta.
Ya los plazos contenidos en el proyecto son sumamente cortos si se contrastan con la complejidad que pueden tener estos procedimientos y con los plazos contenidos en procedimientos administrativos ordinarios relacionados con la tutela de bienes jurídicos de rango superior. Por ejemplo, se establecen términos cortísimos de apenas tres días hábiles para que las personas denunciadas elaboren su defensa y las autoridades resuelvan las solicitudes de medidas cautelares.
Ese plazo es totalmente insuficiente para que muchos pequeños agricultores puedan buscar asistencia y recabar pruebas de descargo. Igualmente es un plazo irrazonable para las autoridades, ya que determinar si una variedad vegetal es "ilegal" o "falsificada", puede no ser una tarea sencilla.
Como si lo anterior no fuera suficiente, además se dispone que las autoridades podrán prescindir de la audiencia previa a los agricultores denunciados, cuando dicha audiencia pueda "hacer nugatorios" los efectos de la medida cautelar. En tales casos, las medidas deberán resolverse en el ridículo plazo de cuarenta y ocho horas.
Esta norma es un claro ejemplo de cómo el proyecto sobreprotege los intereses de las corporaciones semilleras, en perjuicio de los derechos del resto de la colectividad. Se parte del supuesto de que un interés económico (el pago de regalías a titulares de derechos de obtentor) puede prevalecer sobre el ejercicio de derechos fundamentales de las personas como los derechos de audiencia y defensa, elementos esenciales del debido proceso.
Estos derechos son los que, en la práctica, resultan totalmente negados por los plazos fugaces que el proyecto contempla. Si, además, se permite prescindir de una notificación previa al afectado por las medidas cautelares, los agricultores nacionales quedarán en el más absoluto estado de indefensión.
6.- Sin protección efectiva frente a abusos cometidos en la aplicación de las medidas cautelares. El artículo 39 se refiere al caso (bastante probable por cierto) de que, después de aplicada la medida cautelar, el denunciante no inicie un proceso judicial, no logre demostrar la existencia de una infracción, o bien, al final del proceso judicial se dicte sentencia favorable al "presunto infractor". En tales supuestos, la norma citada dice que este último podrá reclamar el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la aplicación de la medida cautelar.
Sin embargo, este tipo de remedios tardíos pueden resultar totalmente insuficientes cuando los afectados por las medidas cautelares son pequeños productores agropecuarios. Como ya se adelantó, el daño que se les ocasionaría con la aplicación de las medidas descritas puede tornarse irreversible.
Aunque al final de un proceso judicial de varios años de duración, logren demostrar su inocencia, podría habérseles ocasionado un perjuicio muy superior al que eventualmente sufrirían las empresas titulares de derechos de obtentor por la supuesta infracción.
Además, existen altísimas posibilidades de que muchos agricultores ni siquiera cuenten con los medios necesarios para defenderse adecuadamente en tales procesos, resultando condenados injustamente. No debe olvidarse que se trata de procesos de carácter civil, en los que no existe un principio de gratuidad ni una defensa pública para quienes no pueden costear el pago de asesoría jurídica. La acumulación de estas demandas a otros procesos por deudas con los bancos u otros acreedores, sencillamente puede terminar de asfixiar a los productores más vulnerables.
Para cerrar con broche de oro la cadena de injusticias, el último párrafo del artículo 39 establece que para presentar reclamos por daños y perjuicios ocasionados por medidas cautelares dictadas en la vía administrativa (Oficina Nacional de Semillas) los afectados tendrán que dirigirse a la vía judicial y para ello tendrán el plazo de un mes. Si no presentan la demanda en ese término, se le devolverán al titular de derechos de obtentor que presentó una denuncia injustificada las garantías que haya depositado.
De esta forma, a los agricultores afectados por medidas cautelares dictadas administrativamente, se les obliga a correr con los gastos que implica la interposición de una demanda judicial civil, para poder reclamar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Así, el proyecto castiga doblemente a quién sufrió los efectos de una medida cautelar injusta, arbitraria o infundada. Si no cuenta con los recursos para hacer esta inversión, no tendrá derecho a ser indemnizado.
7.- Sanciones millonarias para los agricultores por usar las semillas de su cosecha. A los gastos ocasionados a los agricultores nacionales por la imposición de medidas cautelares y el pago de costas y honorarios de abogados, debe agregársele el pago de cuantiosas indemnizaciones a las corporaciones titulares de derechos de obtentor, en caso de resultar condenados en los procesos previstos en el proyecto de ley.
En la versión original remitida por el Gobierno se imponían penas de cárcel a los agricultores que infrinjan derechos de obtentor. Esta norma fue eliminada, aunque nada garantiza que no vuelva a ser introducida en los próximos días, en respuesta a las presiones de las empresas trasnacionales.
Sin embargo, aún cuando no se reestablezca la pena de prisión, el proyecto dispone que se podrá condenar a los agricultores a pagar indemnizaciones por los "daños y perjuicios" ocasionados, por el uso de variedades vegetales que se encuentran afectadas por derechos de obtentor.
Según el artículo 53, estos daños y perjuicios se fijarán con base, entre otros aspectos, en los "beneficios" que el titular del derecho de obtentor habría obtenido de no producirse el acto calificado como infracción (artículo 17), incluyendo el pago de regalías que el infractor hubiera tenido que pagar. Estos "beneficios" podrían ser cuantiosos, si se considera que UPOV-91 crea un monopolio privado que le otorga a una única persona o empresa un derecho de uso exclusivo sobre una determinada planta y las variedades que califiquen como "esencialmente derivadas" de esta.
Los antecedentes existen. Basta con recordar el caso del agricultor canadiense Percy Schmeiser quien fue condenado a pagar más de 20 mil dólares en multas y regalías y cerca de 150 mil en gastos procesales a la trasnacional Monsanto, porque en su parcela se encontró material genérico de plantas patentadas por dicha empresa.
El proyecto que se presenta en Costa Rica no establece multas fijas ni pone tope alguno a los montos de las indemnizaciones que podrían cobrar a los agricultores. Por el contrario, en un evidente afán por favorecer de manera desproporcionada los intereses de empresas trasnacionales, fija, por ley, un monto mínimo de indemnización por daños y perjuicios.
Este monto mínimo se establece "a falta de dictamen pericial" sobre el monto real de dichos daños. Es decir, para facilitarles aún más las cosas a los titulares de derechos de obtentor, cuando no logren demostrar la cuantía de los daños y perjuicios que alegaron haber sufrido.
En tales casos, los agricultores y demás personas demandadas deberán pagar como mínimo el equivalente a un salario base fijado según el artículo 2 de la Ley N° 7337. Según los datos del Presupuesto Ordinario de la República de 2007 este monto asciende a doscientos seis mil seiscientos colones (c 210.000,00) Lo anterior significa que los agricultores condenados con base en esta ley tendrán que pagar, como mínimo, esa suma, aunque la infracción cometida haya sido de una cuantía menor.
8.- Sobre la destrucción de variedades vegetales. Los negocios por encima del derecho a la alimentación. El proyecto llega al extremo de admitir que la autoridad judicial pueda ordenar la destrucción de las variedades vegetales "falsificadas o ilegales". Esta medida abarca los frutos de una determinada variedad y también los cultivos mismos. Puede ser decretada de oficio o a petición de una de las partes (artículos 44 y 54)
Es decir, no solo se permite que a los agricultores se les decomisen los productos de su cosecha. También se puede ordenar la eliminación de tales productos, a fin de evitar que sean destinados a cualquier otro uso.
Esto no es otra cosa que aceptar la destrucción de alimentos que se encuentran en buen estado. Otorgarle prioridad a los intereses económicos de las corporaciones sobre el derecho a la alimentación de la población.
El interés de las empresas titulares de derechos de obtentor es desaparecer por completo las variedades de plantas (incluyendo sus frutos), que sean calificadas como "ilegales" de acuerdo con este proyecto, con el claro objetivo de impedir su propagación por cualquier medio.
Asegurar la eliminación física de las variedades que desarrollen o utilicen los agricultores es la única forma de reforzar el monopolio de estas empresas sobre dichas variedades.
En un país como el nuestro, donde hay gente que padece hambre, admitir la destrucción de productos agrícolas, de alimentos aptos para ser consumidos, con el único fin de favorecer los monopolios privados de las empresas titulares de derechos de obtentor, es un crimen. No tiene otro nombre.
José María Villalta F-E, Red de Coordinación en Biodiversidad, 23 de junio de 2007
http://www.bilaterals.org/
12.10.07
Hoy más que nunca a llegado la hora de Juanito Mora.
El movimiento popular que generó Costa Rica en este proceso de aprobación del TLC pasó una etapa más, resistir por casi cinco años para llegar a un referéndum que sabíamos iba hacer desigual, algunos aún con fe en la llamada institucionalidad del país y la "incuestionable" figura del Tribunal Supremo de E lecciones,(TSE) otros recelosos pero concientes que era el momento para desenmascarar el poder oculto detrás de una democracia que hasta el domingo 7 de octubre era supuestamente la mas "ejemplar" de Latinoamérica.
Para lograr una "mayoría" mínima en el resultado electoral, el gobierno dictatorial bajo la injerencia de USA y los millones invertidos por trasnacionales y empresarios, tuvieron que echar mano al terrorismo psicológico, la mentira, la violación de sus propias leyes el bombardeo publicitario, la violación de la tregua de campaña, el levantamiento de listas de trabajadores para esclavizar votos, el despido de personas, entrega de bonos de vivienda, tiquetes de gasolina, repartición de diarios, (canasta básica de alimentos) compra de votos y una flotilla de trasportes. Estrategias por medio de varios "memorandum" como los llamaron, entre ellos el más famoso, que hizo renunciar al vicepresidente Casas y el ultimo, el del 7 de octubre el que vimos y vivimos, todavía días después puesto en practica en la corriente legislativa.
Ante una fuerza nunca antes vista de agrupación y conformación de comités de bases en los distritos y barrios llamados Comités Patrióticos que en algunos casos somos familias grupos de amigos, colegas de trabajo, vecinos. Estos comités soportamos y financiamos el proceso electoral, estudiamos el TLC, el reglamento electoral del referéndum, comunicamos e informamos, producimos signos externos, organizamos, inscribimos, fiscalizamos, movilizamos con una poquísima capacidad en vehículos a todo un país, con lo que podemos decir el solidarismo más puro, poniendo todos nuestros sueldos y energías, por eso en la campaña dijimos el NO lo financio YO. Esto ayudo a generar un rescate de valores cívicos, patrióticos, morales y recolectar gran cantidad de ideas para solucionar y mejorar todas las áreas del país con interesantes alternativas ante el modelo TLC. Por otro lado el movimiento cultural le dio un matiz y colorido diverso e inigualable que cambiará para siempre la forma de las luchas sociales. No cabe duda que ganamos y que hoy más que nunca a llegado la hora de Juanito Mora, porque NO pusimos como límite de lucha el referéndum, sabíamos que era parte de un proceso de cambio que ayudo a agrupar y medir al monstruo que enfrentamos. Todos los que pusimos el pecho en esta burla a la democracia sabemos que nuestros esfuerzos reflejados por esta ves en votos, los defenderemos en el territorio donde mejor hemos jugado. Los comités patrióticos no pasaremos por alto el fraude mediático ni la violenta desigualdad del proceso bajo el consentimiento del TSE. Ya fuimos y hicimos el ejercicio ya sacaron las uñas y la vulgaridad, ya se les cayó la mascara, vamos ahora con nuestras reglas.
Con una gran experiencia acumulada y una energía enorme por canalizarse demostramos como se vive un referéndum, muy distinto que una elección presidencial,
Ellos en su miopía llevaron gente a votar como reces al matadero, fue un circo, un mercado de cachivaches, utilizando que es lo que más indigna, los sectores en miseria. NO se puede soportar ver trabajando pagos o convencidos por promesas falsas a los más pobres bajo el mando de los más ricos, los mismo politiqueros que nos les han cumplido nada y visten de plato los escusados.
NO se puede soportar ver pasar con indiferencia, odio y miedo, vecinos, familiares y amigos por donde estaba gente del NO, el miedo calo en lo más profundo del alma.
Nunca supieron que es la palabra respeto, voto secreto y libre, con la consigna de que votar SÍ es ser inteligente y trabajador, al otro lado los vagos, los demonios, los mentirosos, los violentos, los sindicalistas, los comunistas, sorprendente guerra fría para llevar a votar a todos los tugurios del país ya hoy en el olvido como canta Serrat "vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas" y las personas caminaron mediatizadas a las urnas con un cuento de terror: un supuesto gobierno de figuras y nombres satanizados ante la sociedad.
Lo que el mundo ha observado si fue buen observador, fue una lucha de clases que está por resolverse junto con un mal Tratado electo de forma inmoral y que sin leyes de implementación no funciona.
Este mensaje que llegue a todas partes del mundo que sepan que Costa Rica ya no es ni será la misma, que el proceso de referéndum llevado en este país en total maniqueísmo, miedo, manipulación y desorden electoral como nunca se dio en el país, muertos inscritos en padrones, votantes no incluidos en sus centros de votación o cambiados a lugares diferentes, no entrega de credenciales para fiscales o entregas tardías, entre muchos que podría citar, deslegitima la democracia. Que los comités patrióticos son miles como soñó el Ché y se mueven como Sandino en la Segovia para de nuevo de la mano de Juanito Mora liberar al país del filibusterismo, como el Padre general Volio atacaremos esta dictadura y sabremos ser libres no ciervos menguados con el derecho sagrado que la patria nos da.
Que somos el movimiento del NO en pie de lucha, hoy más que nunca los cantones y provincias que dijimos NO defenderemos nuestros votos por este país y los pueblos entregados por cúpulas a estas políticas económicas, por nuestra soberanía y medio ambiente, por los hijos de mis hijos y los hijos de todos:
¡DECIMOS NO!
6.10.07
Demócratas presentan "Ley de Cooperación Comercial Estados Unidos - Costa Rica" y ratifican respeto a democracia costarricense
El proyecto dice en parte:
"(1) Los Estados Unidos y Costa Rica tienen una relación económica fuerte, construída en la confianza y el respeto mutuos a las leyes y sistemas políticos de cada uno.
(2) Es la decisión soberana de los costarricenses el ratificar o no el Tratado de Libre Comercio en su histórico referéndum popular.
(3) Los Estados Unidos respetará completamente cualquier decisión que la gente de Costa Rica tome en el referéndum del TLC
(4) Es la posición oficial de los Estados Unidos, que ninguna entidad del gobierno estadounidense podrá interferir en el referéndum de Costa Rica sobre el TLC
(5) Casi todo el acceso libre de Costa Rica al mercado estadounidense ya es permanente bajo la ley de Estados Unidos.
(6) La Constitución claramente le otorga al Congreso la responsabilidad de establecer la política comercial. Las declaraciones hechas por la Representante Comercial de Estados Unidos Susan Schwab el 4 de octubre del 2007 sobre las relaciones comerciales de Costa Rica y Estados Unidos, no reflejan la política comercial estadounidense.
(7) Independientemente del resultado del histórico referéndum sobre si ratificar o no el TLC, Estados Unidos continuará extendiendo todos los beneficios comerciales que actualmente tiene Costa Rica. "
Además de esto, tres Senadores, Bernie Sanders (que visitó el país), Sherrod Brown (quién dio el discurso a favor del comercio justo), y Byron Dorgan, enviaron una carta al Presidente George W. Bush exigiéndole que aclare que él no tiene autoridad para eliminar los beneficios de la ICC a un país por rechazar un TLC.
Esto se suma a la carta que de los Congresistas Charles Rangel y Sander Levin de la cuál ya reportamos.
Los representantes Grijalva y Sánchez Introducen legislación que hace permanente los beneficios comerciales para Costa Rica
Denuncian campaña de mentiras de la administración Bush.
Washington, D.C. --- Los Representantes Raúl M. Grijalva y Linda Sánchez anunciaron hoy que planean introducir una legislación que hará permanente los beneficios comerciales para cerca de doce países, incluida Costa Rica. Este anuncio llega al final de una campaña de la Administración Bush para usar una falsa amenaza de que las preferencias arancelarias se veneran y asi presionar a Costa Rica a que ratifique el TLC. La representante comercial de Bush, Susan Schwab, volvió a amenazar este miércoles, último día para realizar publicidad sobre el TLC antes del referendum.
“Es un derecho soberano de Costa Rica decidir la ratificación o no del TLC en su histórico referendum popular. Yo hubiera deseado que la gente en EEUU y en los otros países que aprobaron el TLC hubieran tenido esa misma oportunidad de votar directamente sobre el acuerdo” dijo Grijalva. “Este proyecto de ley deja claro que Costa Rica puede tomar una decisión sobre el TLC de forma democrática, sin amenazas ni confusiones emitidas por la Administración Bush”
“Es un hecho que casi todas las ventajas arancelarias que goza Costa Rica con Estados Unidos ya son permanentes bajo la ley emitida por el Congreso estadounidense, que es cnstitucionalmente el cuerpo encargado de hacer las políticas de comercio estadounidenses” dijo la representante Linda Sánchez (D-Calif.), coredactora del proyecto de ley. “La Administración Bush simplemente no esta empoderada legalmente para eliminar esos benefcios si costa rica rechaza el TLC. El pueblo estadounidense espera con expectativa continuar su cercana relación con el pueblo de Costa Rica sin importar el resultado de la elección en ese país, eso lo demostramos en esta legislaci´øn que hará permanentes la pequeña parte de las preferencias comerciales que vencen el año que viene.”
Los congresistas redactaron el proyecto de ley en respuesta directa a una declaración realizada por la Embajadora Estadounidense Susan C. Schwab este jueves 4 de octubre sugiriendo que los beneficios de la CBTPA que expiran el año que viene no se renovarán. Grijalva rechazo la amenaza de Schwab. “Esta legislaci´øn demuestra el gran respaldo del Congreso hacia la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y las preferencias arancelarias, que nunca debieron hgaberse puesto en duda. Queremos dejar claro que TLC y CBTPA son asuntos separados”.
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